El artículo establece una serie de temas importantes relativos a la actuación de los órganos jurisdiccionales, los cuales deben desarrollarse con claridad, de acuerdo al sistema constitucional de los derechos humanos en México definido en la reforma constitucional de 2011. Por lo que se propone una revisión de esos tópicos, a la luz de criterios positivos y dogmáticos progresistas, provenientes fundamentalmente del derecho constitucional y derecho internacional público.