La dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales adquieren un especial enfásis en un Estado democrático constitucional como México. La reforma constitucional en materia penal ha dado un plazo de ocho años, a partir del 2008, para que las entidades federativas comiencen a instaurar el sistema acusatorio adversarial, cuya máxima es la presunción de inocencia del imputado. En los pocos estados en que opera este sistema se ha observado la implementación de novedosas instituciones que el sistema inquisitorio no contemplaba dada su naturaleza; por ejemplo, la aplicación de mecanismos alternos al proceso penal para solucionar el conflicto existente entre la víctima y el imputado.