Lo que a continuación se presenta es un análisis sobre la procedencia y justificación constitucional del manejo, por parte del Estado, del sistema jurídico penal mexicano, así como de la cuestionable extralimitación de sus facultades al formalizar e instaurar figuras punitivias más enérgicas, dirigidas al control de la creciente delincuencia que hoy aqueja a nuestro país.